Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional la prevención y el combate del denominado “terrorismo medioambiental”, con especial atención a las áreas protegidas, cuencas hidrográficas, presas, embalses, acueductos, bosques, manglares y otros recursos estratégicos del país.
Qué se considerará terrorismo medioambiental
La disposición contempla como terrorismo medioambiental aquellos actos contra recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas estratégicas que, por su gravedad, medios y finalidad, reúnan los elementos establecidos como terrorismo en la Ley 267-08 y demás legislación penal vigente.
El decreto aclara que no crea un nuevo delito ni modifica los elementos de las infracciones penales existentes.
Refuerzan vigilancia y prevención
El Gobierno ordenó a los organismos encargados de prevenir y combatir el terrorismo incorporar en sus planes operativos la identificación, prevención y neutralización de amenazas contra infraestructuras ecológicas estratégicas.
También se elaborará una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, con la participación de los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Interior y Policía y Justicia, además de organismos de inteligencia y estructuras antiterroristas.
Áreas bajo especial protección
Entre las prioridades figuran las áreas protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, acuíferos, nacimientos de ríos, manglares, humedales, arrecifes coralinos y otras zonas cuya afectación pueda poner en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria, ambiental o económica de la nación.
La medida también contempla la protección de infraestructuras de agua potable, saneamiento y energía, incluyendo las redes de distribución eléctrica.
Incendios provocados y actividades ilegales
Abinader vinculó la decisión con los incendios registrados en áreas protegidas y con actividades ilegales que, según explicó, son cometidas tanto por dominicanos como por extranjeros.
El mandatario advirtió que estos incendios no solo destruyen árboles, sino que también afectan las fuentes de agua y ponen en riesgo a las comunidades cercanas.
“Hemos decidido actuar de manera drástica”, afirmó el presidente.
Denuncias y acción del Ministerio Público
El decreto dispone que las agresiones contra el patrimonio ambiental sean remitidas de inmediato al Ministerio Público, organismo responsable de determinar las infracciones, dirigir las investigaciones y ejercer la acción penal.
Además, se habilitarán plataformas tecnológicas y mecanismos confidenciales para que la ciudadanía pueda denunciar actividades que representen amenazas contra los recursos naturales estratégicos.
Protección a denunciantes
La disposición contempla mecanismos de protección para denunciantes y colaboradores que actúen de buena fe.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Defensa deberán presentar periódicamente al presidente informes sobre riesgos, amenazas, incidentes y resultados de las acciones implementadas.
Con el Decreto 615-26, el Gobierno busca elevar la protección de los recursos naturales estratégicos a una prioridad de seguridad nacional y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de enfrentar incendios provocados, actividades ilegales y otros daños ambientales.
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